Esta mañana se ha presentado la creación y puesta en marcha de un Punto de Atención Presencial del servicio de protección a las familias en riesgo de desahucio, que se ofrecerá en la sede de la Mancomunidad Zona Centro los lunes y viernes, de 12:00 a 14:00 horas, cuyo objetivo es asesorar gratuitamente a personas en riesgo de ejecución inmobiliaria, ya sea por ejecución hipotecaria o porque no puedan asumir el alquiler, principalmente a raíz de causas económicas sobrevenidas.
Este servicio nace de acuerdo con el convenio firmado el pasado 28 de diciembre, entre la Junta de Extremadura, las Diputaciones de Cáceres y Badajoz, y los Colegios de Abogados de Cáceres y Badajoz, con la pretensión de establecer un entramado de puntos de atención por toda la geografía extremeña, que haga posible que cualquier ciudadano que requiera asesoramiento en materia financiero-inmobiliaria, de lunes a viernes, no tenga que desplazarse más de 35-40 km para acceder a la ayuda de un profesional. En este sentido, se contará con 24 puntos de atención distibuídos por toda Extremadura, 12 en la provincia de Cáceres y otros 12 en la de Badajoz, coordinados desde 4 oficinas de enlace (Badajoz, Cáceres, Mérida y Plasencia). Además, el servicio está dotado de un centro de atención telefónica, 924 090 616, al que también se puede llamar para obtener asesoramiento durante los 5 días laborales, en horario de 8:30 a 15:00 horas.Para la presentación de este nuevo Punto de Atención Presencial, se ha contado con la presencia de José María Paredes, coordinador financiero del servicio -GISVESA-; Julián Calzas, presidente de la Mancomunidad Zona Centro y alcalde de Alcollarín; Antonio Díaz, alcalde de Miajadas; Juan Francisco Ciudad, alcalde de Zorita, y Francisco Javier Carbajo, que será el abogado encargado de atender el servicio. Una presentación, en la que se ha destacado la importancia del convenio que ha permitido la puesta en marcha de este servicio del que podrá beneficiarse toda la zona.
A pesar de que los alcaldes de la zona presentes han coincidido en que no existen datos de ninguna situación especialmente grave en el territorio de la Mancomunidad, también han destacado que este tipo de situaciones suelen mantenerse en el ámbito de lo privado y que sí hay constancia de familias en situación difícil, por lo que se espera que, por medio de este punto de atención, se pueda prestar colaboración profesional, (asesoramiento de todo tipo, incluso negociación directa con las entidades bancarias), antes de llegar a la ejecución hipotecaria.
El objetivo de esta iniciativa, explicaba José María Paredes, es logar que Extremadura se convierta en un "territorio libre de desahucios".
Por otra parte, también se ofrecerá información y asesoramiento en otras cuestiones relacionadas con aspectos financiero-inmobiliarios, como es el caso de las reclamaciones relacionadas con las cláusulas suelo, e incluso con las reclamaciones sobre los gastos de formalización hipotecaria.Por otra parte, José María Paredes destacaba la importante labor del Observatorio de la Vivienda de Extremadura y el Servicio de Enajenación de Vivienda, y avanzaba la próxima creación de un "Registro de demandantes de vivienda" por medio de dos bolsas de viviendas, una de viviendas públicas y otra de privadas, en las que la Junta de Extremadura ejercería como intermediario en materia de alquileres sociales. Además, destacaba la importancia y la sensibilidad en materia de política social de vivienda, por parte de la Junta de Extremadura, que cuenta, en valores absolutos, con el mayor número de viviendas públicas protegidas del territorio nacional.
